Resulta preocupante que a pesar de los esfuerzos realizados por el MINEDUC por mejorar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, con medidas, como por ejemplo, el reemplazo de la PAA por la PSU, hayan ya transcurrido cuatro evaluaciones y persistan (e incluso se acentúen) las tradicionales grandes diferencias en los resultados. Los más recientes dan cuenta, por una parte, de una fuerte baja de puntajes obtenidos por estudiantes de colegios municipalizados y subvencionados. Lo anterior junto con el descenso de 14.5% en el número de municipales, en contraposición con una caída sólo de 4,7% para el caso de los colegios particulares pagados.
Al analizar según el ingreso familiar de los postulantes, el escenario es igual de desilusionante: 43,2% de los alumnos más pobres obtienen puntajes menores a 450 puntos y solamente el 0,6% sobre 700 puntos. En contraste, del total de alumnos de mayores ingresos, sólo 5,4% no puede postular a una universidad del Consejo de Rectores y 16,7% de ellos supera los 700 puntos.
La brecha se acentúa a través del tiempo: a diferencia de los colegios particulares, la siguiente tabla nos muestra como cada vez menos estudiantes de colegios municipalizados no pueden siquiera postular a universidades del Consejo de Rectores, al igual que cada vez menos alumnos de estos establecimientos puede acceder a los beneficios que el Ministerio ha dispuesto pensando en ellos (para lo que requieren a los menos un puntaje promedio de 475 puntos).
En conclusión, todo apunta a que los objetivos que en materia de educación superior se ha fijado el propio gobierno, no han dado los frutos esperados, e incluso la situación en vez de mejorar con los cambios impuestos, ha ido de mal en peor, lo que sobre todo golpea a los más pobres.
Otra muestra alarmante de la falta de efectividad de las medidas tomadas por el gobierno fue el aumento del ausentismo para rendir esta prueba, el que a nuestro parecer resultó a causa de la mala decisión de la Presidenta, quien otorgó becas para la inscripción de este test no considerando variables reales, sino más bien sólo cediendo a las presiones de la “Revolución Pingüina”. La siguiente tabla es elocuente: aumento explosivo en el número de inscritos de los colegios municipales y particulares subvencionados (42 y 32%, respectivamente, a diferencia de sólo 4% en el caso de los particulares pagados), al igual que en la proporción de estudiantes que prefirió no rendir la evaluación.
Cálculos preliminares indican que este porcentaje de ausentismo equivale a $457 millones de pesos, los que pudieron focalizarse en políticas educacionales evaluadas previamente. Le urge al gobierno una visión más de largo plazo en materia educacional. No solamente se debe ayudar, sino que se debe saber a quién ayudar.
La JRN preocupada de estos índices, no sólo demuestra a través de la presente nota su preocupación, sino, que pretende realizar una critica constructiva a la enseñanza pública. Le solicitamos al Ministerio y al Gobierno que tome medidas prontas en este asunto, realizando un diagnóstico real de la situación de las políticas educacionales en materia de ingreso a la educación superior, enfocándose en el sector municipal y subvencionado. Evidentemente la PSU no ha permitido brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes de escasos recursos, discriminando negativamente a estos segmentos en la búsqueda de una mejor calidad de vida, desarrollo e inversión en capital humano. Todo esto con el respeto que la libertad de enseñanza se merece.
Al analizar según el ingreso familiar de los postulantes, el escenario es igual de desilusionante: 43,2% de los alumnos más pobres obtienen puntajes menores a 450 puntos y solamente el 0,6% sobre 700 puntos. En contraste, del total de alumnos de mayores ingresos, sólo 5,4% no puede postular a una universidad del Consejo de Rectores y 16,7% de ellos supera los 700 puntos.
La brecha se acentúa a través del tiempo: a diferencia de los colegios particulares, la siguiente tabla nos muestra como cada vez menos estudiantes de colegios municipalizados no pueden siquiera postular a universidades del Consejo de Rectores, al igual que cada vez menos alumnos de estos establecimientos puede acceder a los beneficios que el Ministerio ha dispuesto pensando en ellos (para lo que requieren a los menos un puntaje promedio de 475 puntos).
En conclusión, todo apunta a que los objetivos que en materia de educación superior se ha fijado el propio gobierno, no han dado los frutos esperados, e incluso la situación en vez de mejorar con los cambios impuestos, ha ido de mal en peor, lo que sobre todo golpea a los más pobres.
Otra muestra alarmante de la falta de efectividad de las medidas tomadas por el gobierno fue el aumento del ausentismo para rendir esta prueba, el que a nuestro parecer resultó a causa de la mala decisión de la Presidenta, quien otorgó becas para la inscripción de este test no considerando variables reales, sino más bien sólo cediendo a las presiones de la “Revolución Pingüina”. La siguiente tabla es elocuente: aumento explosivo en el número de inscritos de los colegios municipales y particulares subvencionados (42 y 32%, respectivamente, a diferencia de sólo 4% en el caso de los particulares pagados), al igual que en la proporción de estudiantes que prefirió no rendir la evaluación.
Cálculos preliminares indican que este porcentaje de ausentismo equivale a $457 millones de pesos, los que pudieron focalizarse en políticas educacionales evaluadas previamente. Le urge al gobierno una visión más de largo plazo en materia educacional. No solamente se debe ayudar, sino que se debe saber a quién ayudar.
La JRN preocupada de estos índices, no sólo demuestra a través de la presente nota su preocupación, sino, que pretende realizar una critica constructiva a la enseñanza pública. Le solicitamos al Ministerio y al Gobierno que tome medidas prontas en este asunto, realizando un diagnóstico real de la situación de las políticas educacionales en materia de ingreso a la educación superior, enfocándose en el sector municipal y subvencionado. Evidentemente la PSU no ha permitido brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes de escasos recursos, discriminando negativamente a estos segmentos en la búsqueda de una mejor calidad de vida, desarrollo e inversión en capital humano. Todo esto con el respeto que la libertad de enseñanza se merece.
